He escuchado a algunos Alcaldes Electos de la provincia, decir que realizarán una “Auditoría a sus Antecesores”, y eso es bueno; pero no dicen ¿quién lo hará?, ¿cómo lo harán? y sobre todo ¿quién pagará? la auditoría.
Existe un desconocimiento de cómo realizar una auditoría a una entidad pública; cuál es el procedimiento legal adecuado; y lo primero a definir es el tipo de auditoría a realizar; en función de ello, se decidirá, si dicha auditoría la realizará la respectiva Municipalidad o se solicitará a la Contraloría General o una Sociedad Auditora.
La recomendación, sería que no pierdan esta primera oportunidad de realizar una buena transferencia de la administración municipal, para saber si existen indicios de malos manejos o actos irregulares de tipo penal; por lo que es imprescindible, que convoquen a profesionales, que tengan experiencia o hayan realizado este tipo de actos anteriormente, ya que si bien es cierto, la transferencia no implica una auditoría, o cacería de brujas, si implica realizar algunos procedimientos de la auditoría gubernamental enfocada a las unidades orgánicas de cada municipalidad; ya que una mala transferencia de la administración, por ejemplo, si no se advierte en este proceso de transferencia, actos irregulares, actos ilegales, la carencia de documentación, etc, el alcalde elegido asume el activo y pasivo de la anterior administración, de allí su importancia, ya que, de no detectarlos a tiempo, el que asume la responsabilidad futura es el acalde electo.
Si la Comisión de Transferencia detecta a tiempo, hechos irregulares, esta comisión debe informar, mostrando la sustentación técnica - legal de sus informes, en qué áreas específicas o unidades orgánicas de la entidad, se produjeron dichos actos; para luego, en la primera sesión del pleno del Concejo Municipal, éste colegiado, en mérito a sus atribuciones, que le confiere la Ley, conforme una Comisión de Regidores o solicite la aplicación de una Auditoría.
