La Provincia de Ascope, cuenta con 08 distritos (Ascope,Casa Grande,Chocope, Chicama, Santiago de Cao,Magdalena de Cao,Paiján y Rázuri) y 04 centros poblados (Roma,Mocan, Chiclín y Sausal), en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el Estado y Gobierno en el ámbito local, conforme a sus competencias y autonomía propias, preservando la unidad e integridad del Estado y la nación.
En lo que se refiere al nivel de gobierno local, las municipalidades provinciales y distritales están obligadas a entregar a las municipalidades de centros poblados de su jurisdicción, parte de sus recursos para la atención de los servicios públicos locales básicos de aquellos centros poblados.
La entrega o transferencia de recursos se debe efectuar en forma mensual, bajo responsabilidad del alcalde y del gerente municipal correspondiente; sin embargo, sólo la Municipalidad Provincial de Ascope, desde el año 2008, viene cumpliendo con la transferencia de recursos a los 04 centros poblados. La Municipalidad de Casa Grande no realiza ninguna transferencia a sus centros poblados de su circunscripción como son: Roma y Mocan, igual situación sucede con la Municipalidad de Chicama que no transfiere nada a sus centros poblados de Chiclín y Sausal; esta situación viene creando serios conflictos, no sólo en la provincia de Ascope, también los hay en las zonas rurales en las que los ciudadanos de los caseríos están enfrentándose continuamente a los alcaldes, exigiendo los recursos que por disposición expresa de la Ley requieren para prestar los servicios públicos a sus habitantes.
De continuar esta situación podría estar germinando la semilla de conflictos mayores, como el que ocurriera en Ilave, Puno, en el cual - según estudios realizados - el componente que determinó la explosión social con consecuencias graves que lamentar, fue la negativa del alcalde de transferirles los recursos a los centros poblados.Es por ello necesario corregir esta situación a la brevedad posible, pues durante los últimos meses se han venido planteando una sería de soluciones, que van desde establecer como causal de vacancia el incumplimiento, hasta condicionar las transferencias que efectúa al gobierno central a las municipalidades provinciales y distritales, al cumplimiento por parte de éstas de las transferencias de recursos a las municipalidades de centros poblados.Sin importar cual sea la solución que se adopte, el costo que represente su implementación será infinitamente menor al costo social y político que tendrá el hecho de que continúe esta situación; considerando que podrían desencadenarse conflictos mayores que, valgan verdades, no merecen enfrentar nuestros electos alcaldes.
